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  • En
    momentos en los que los paradigmas que rigen los servicios
    documentales están mutando, en momentos de clara expansión
    tanto en los límites de las áreas de estudio e
    incumbencia profesional como en las áreas de aplicación
    práctica de las competencias bibliotecarias, restringir la
    variedad del medio profesional es una apuesta por la conservación
    y no necesariamente por el cambio o la actualización.

  • En ningún
    proyecto de servicios documentales de envergadura los bibliotecarios
    detentan el monopolio de la participación, la planificación
    o la dirección. Estos proyectos están basados en
    general en el carácter multidisciplinar de la noción
    de información y participan en ellos bibliotecarios,
    sociólogos, educadores, informáticos, diseñadores
    y lingüistas, entre otros.

  • Las
    bibliotecas no son patrimonio de los bibliotecarios o de una
    profesión en particular, son organizaciones sociales y como
    tales pertenecen a sus comunidades y organizaciones
    . Una comunidad
    tiene el derecho de considerar que un astronauta es quien
    debe gestionar los procesos de mediatización y preservación
    entre la información considerada relevante por la comunidad y
    la comunidad misma.

  • No se
    trata de que el senado desee
    poner a los Profesionales Bibliotecarios en un nivel de igualdad con
    el resto de las profesiones
    , nosotros ya gozamos de todos los
    derechos de los profesionales. De
    nosotros y nuestra práctica depende demostrar que a través
    de nuestros conocimientos técnicos y teóricos podemos
    garantizar prestaciones y objetivos, no de un papel. La demanda de
    información recorre el camino del agua, siempre elige el
    curso más simple en el camino pedregoso
    ; en
    un medio socio-informacional como el que hemos elegido para
    practicar la profesión no es posible constituirse en canal o
    medio de información por ley. Lo único que lograremos
    es establecer las condiciones para la conformación de canales
    paralelos
    . En última instancia, creo en la profunda justicia
    que encierra una histórica consigna de la reforma agraria: la
    tierra es de quien la trabaja.

  • Las
    carreras terciarias son instituciones educativas que -por su
    estructura orgánica, marco regulatorio y dinámica de
    funcionamiento- son capaces de responder a demandas locales de
    profesionales de manera mucho más flexible que las
    universidades
    . Si bien esto puede no resultar evidente en las ciudades, es un fenómeno muy marcado en el interior del país. ¿Cuál
    es la razón por la cuál un egresado terciario no
    podría proteger el interés general
    con la misma idoneidad que un egresado universitario? Si lo que se
    quiere es debatir acerca del nivel académico de los
    institutos terciarios, pues encaremos el debate con solvencia,
    pluralismo y profesionalismo, lo contrario es descalificar sin más
    una modalidad que en gran medida ha servido de base para la
    mayoría de las prácticas bibliotecarias en el país
    .

  • El
    intento por establecer una matrícula profesional paga, un
    Consejo profesional con atributos fiscalizadores o un tribunal de
    disciplina es un camino que propende la consolidación de una
    concepción corporativista de la profesión.

  • El
    proyecto parece centrarse en la defensa de intereses profesionales,
    y no a velar por los derechos de los ciudadanos o la calidad de los
    servicios documentales. Prueba de ello es que el código de
    ética que debiera regir el tribunal de disciplina aún no
    existe, sería un caso único en el que el
    instrumento regulatorio es previo al criterio de regulación
    .

  • Un código
    de ética no es lo mismo que un estatuto. Bien podría
    haberse establecido un proyecto en el que se obliga a toda persona
    que participa de un servicio documental o de información en
    una órbita ciudadana (escuelas, agencias gubernamentales u
    otras instancias de orden público) a asumir la dimensión
    social y ciudadana de la información y a comprometerse con un
    código de ética, cuyo incumplimiento estuviera penado
    por la ley, no por un tribunal profesional
    . Al fin y al cabo se
    están defendiendo derechos ciudadanos, no una profesión
    o un coto de caza.

  • Recientemente
    la Secretaría de ABGRA difundió
    un correo electrónico en el que considera que el Petitorio de
    impugnación del Proyecto de Ley de Estatuto del Profesional
    en Bibliotecología y Documentación lleva adelante una
    prédica de engaño y realiza infundadas campañas
    de desprestigio. En el caso de que existiera un tribunal
    disciplinario… debo asumir que aquellos que encarnamos la
    “predica del engaño” o las mencionadas “campañas
    de desprestigio” mereceríamos una sanción. Nada
    menos puede merecer quien engaña y difama en el campo
    de una disciplina dedicada a la
    información y la documentación.
    Pero si acaso, al
    igual que aquellos que defienden el proyecto de ley, sólo
    ejercemos de manera honesta y plural nuestro derecho al disenso,
    a considerar que los mismos instrumentos que ABGRA puede considerar
    benignos, son en realidad perjudiciales para el bien público
    en general
    y
    para los profesionales en particular; ¿y si acaso
    expresamos otra concepción de la práctica
    bibliotecaria y del alcance de la noción de políticas
    culturales y de información? En ese caso… ¿el tribunal
    debiera sancionar a ABGRA por el calibre de los apelativos
    utilizados injustamente?
    Este nivel de virulencia y polarización
    sólo puede empobrecer el debate y la construcción. Para
    construir un diálogo legítimo debemos asumir como
    premisa inicial la honestidad de los interlocutores, premisa que yo
    en lo personal sostengo y predico en relación a los
    compañeros de ABGRA, más allá de los
    desacuerdos que nos puedan unir :-).

Diego Ferreyra
Bibliotecario, Licenciado en Bibliotecología y Documentación

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